Delito fiscal: el Supremo anuló una condena de 13,29 millones por denegar una pericial

La sentencia de la Audiencia Provincial —posteriormente anulada— impuso a cada acusado cinco años y nueve meses de prisión y multas por 4,43 millones de euros. La suma aritmética de las tres condenas alcanzaba 17 años y tres meses de prisión y 13,29 millones de euros en multas.

También fijó 1.976.127 euros de responsabilidad civil solidaria frente a la Agencia Tributaria, declaró responsable civil subsidiaria a la sociedad y añadió inhabilitaciones y restricciones para obtener ayudas, subvenciones o determinados beneficios fiscales y de la Seguridad Social.

La acusación se apoyaba de forma decisiva en informes elaborados por un inspector de Hacienda. Las defensas solicitaron documentación y propusieron la pericial de un auditor experto en materia tributaria para revisar la contabilidad, discutir el método de cálculo y someter aquellas conclusiones a contradicción técnica.

La Audiencia denegó la documental solicitada y la pericial tributaria propuesta por las defensas.

El Supremo consideró que esa decisión había lesionado de forma grave el derecho de defensa y la igualdad de armas. Declaró nula la condena y ordenó que el procedimiento regresara al momento anterior a la infracción, ante magistrados diferentes.

La enseñanza empresarial no consiste en buscar una salida cuando el conflicto ya ha llegado al ámbito penal. Es preventiva: si la Administración reconstruye la actividad de una empresa a partir de sus datos, la empresa necesita una contabilidad y una documentación que permitan explicar y comprobar los suyos.

¿Puede discutirse un informe de Hacienda?

Sí. Un informe de un inspector puede tener una gran fuerza técnica y probatoria, pero no queda fuera de contradicción. En un proceso penal, la defensa puede proponer una pericial propia para examinar la contabilidad, el método de determinación de la base imponible, la realidad de las operaciones y la cuantía atribuida como defraudada.

Eso no obliga al tribunal a admitir cualquier diligencia. La prueba debe ser pertinente, útil, posible y haberse propuesto conforme a las reglas procesales. Lo que no cabe es impedir injustificadamente la contradicción de una prueba técnica decisiva y utilizar después esa misma prueba como fundamento central de una condena.

Oro, facturas cuestionadas y casi dos millones de responsabilidad civil

Según los hechos declarados probados por la sentencia de la Audiencia Provincial que después anuló el Supremo, la sociedad investigada se dedicaba al menos desde 2009 a la compraventa de oro. Adquiría piezas de distintas procedencias, retiraba piedras y otros elementos, refinaba el metal y posteriormente lo vendía.

Durante varios ejercicios, una parte importante del oro procedía aparentemente de dos sociedades proveedoras. La Audiencia asumió la tesis de que muchas compras declaradas no respondían a operaciones reales y que se habían utilizado facturas para incrementar orientativamente el oro adquirido, elevar los gastos deducibles y explicar la procedencia del metal vendido. Una de las proveedoras carecía, según aquella declaración de hechos, de trabajadores y estructura empresarial y no había declarado compras o ventas a Hacienda.

La Audiencia condenó a tres personas por delitos fiscales relativos al Impuesto sobre Sociedades de 2010, 2011 y 2012, en concurso con falsedad continuada en documento mercantil. Es importante no presentar esa narración como una conclusión penal firme: la sentencia que la contenía fue anulada y el Supremo ordenó repetir el enjuiciamiento desde el momento de la infracción procesal.

La resolución contiene, además, una discrepancia numérica que debe explicarse. En la relación de hechos se atribuye al ejercicio 2012 una cuota de 1.052.258 euros, mientras que el fallo fija para ese mismo ejercicio una responsabilidad civil de 1.252.258 euros. La tabla siguiente reproduce esta última porque es la cifra que figura en la parte dispositiva; no pretende corregir ni explicar la diferencia:

El alcance de la condena anulada

La Audiencia había impuesto a cada acusado las siguientes penas:

Los 13,29 millones del titular son, por tanto, la suma de las multas individuales de los tres condenados; no una única multa impuesta a una sola persona. A ello se añadían la responsabilidad civil solidaria, la responsabilidad subsidiaria de la sociedad y las consecuencias accesorias previstas en el fallo.

Las defensas no pudieron aportar su pericial

Las defensas sostenían que el inspector había emitido ocho informes y que siete se elaboraron sin examinar la contabilidad oficial de la sociedad. También querían discutir que la cuota se hubiera calculado mediante determinación indirecta de la base imponible.

Para hacerlo solicitaron acceso a documentación intervenida durante la investigación y propusieron una pericial de un auditor experto en materia tributaria. Pretendían analizar, entre otros aspectos:

• la contabilidad oficial de los ejercicios investigados;
• la realidad y procedencia de las operaciones de compra de oro;
• el método utilizado para reconstruir la base imponible;
• la cuantificación de las cuotas atribuidas como defraudadas;
• los informes del inspector y los soportes mercantiles y digitales intervenidos.

La prueba se propuso en los escritos de defensa y volvió a plantearse al inicio del juicio oral. La Audiencia la rechazó por considerar que eran diligencias propias de una fase anterior del procedimiento.

El Supremo concluyó que la pericial era idónea para discutir los presupuestos contables y fiscales sobre los que descansaban tanto las acusaciones como la condena. La denegación no se había fundado en que la prueba fuera inútil, imposible o ajena al objeto del proceso, sino esencialmente en una extemporaneidad que la Sala no consideró justificada.

La situación produjo una lesión estructural e intensa del derecho a un proceso equitativo: la acusación pudo sostener sus cifras mediante conocimiento experto y las defensas quedaron privadas de la posibilidad de contradecirlas con otro especialista sobre la misma materia.

Por ello, el Supremo estimó los recursos, declaró nula la sentencia, retrotrajo las actuaciones, devolvió la causa a la Audiencia y dispuso que intervinieran magistrados diferentes. La prueba defensiva debía volver a examinarse conforme a criterios de pertinencia, utilidad y posibilidad.

Nulidad y repetición no equivalen a absolución

El Supremo no declaró auténticas todas las facturas, inexistente el delito fiscal ni extinguida cualquier obligación tributaria. Tampoco sustituyó los cálculos de la Audiencia por otros.

Anuló la sentencia porque el procedimiento seguido para alcanzar la condena vulneró el derecho de defensa. La distinción es esencial:

• una absolución resuelve la acusación en los términos del pronunciamiento absolutorio;
• una nulidad con retroacción deja sin efecto la sentencia afectada y obliga a repetir una parte del procedimiento sin el defecto cometido.

El recurso corrigió una vulneración procesal decisiva, pero no confirmó la corrección fiscal de las operaciones. El asunto debía volver a enjuiciarse.

Una factura no basta si la operación no puede explicarse

Una pericial puede revisar un informe de Hacienda. Lo que difícilmente puede hacer es reconstruir años de actividad cuando faltan contratos, pedidos, albaranes, justificantes de pago, conciliaciones bancarias o una contabilidad actualizada.

La trazabilidad debería permitir seguir una secuencia coherente:

operación real → contrato o pedido → entrega → factura → pago → asiento contable → declaración tributaria

El riesgo aumenta cuando aparecen proveedores sin medios aparentes para prestar el servicio o entregar los bienes, conceptos genéricos, pagos difíciles de relacionar, volúmenes incompatibles con la estructura disponible, divergencias entre inventario, bancos e impuestos o documentos creados cuando la comprobación ya ha comenzado.

Ningún indicio aislado demuestra automáticamente una simulación. La acumulación de inconsistencias, sin embargo, puede facilitar una reconstrucción administrativa o penal muy distinta de la versión de la empresa.

El umbral de 120.000 euros no convierte cualquier diferencia en delito

El tipo general del delito contra la Hacienda Pública exige que la cuota defraudada exceda de 120.000 euros respecto de un tributo y periodo, además de una conducta defraudatoria acreditada y los restantes elementos del delito.

Superar esa cuantía no transforma automáticamente una regularización tributaria en delito. Deben analizarse los hechos, la conducta, el conocimiento y el método de cálculo. Por debajo del umbral también puede haber liquidaciones, intereses, recargos, sanciones y derivaciones de responsabilidad.

La pregunta útil para una empresa no es cuánto puede arriesgar, sino si puede justificar hoy cada operación relevante con documentos contemporáneos y coherentes.

Autodiagnóstico documental para empresas

Conviene revisar los últimos ejercicios con preguntas concretas:

• ¿Están conciliadas las cuentas bancarias con la contabilidad?
• ¿Puede relacionarse cada gasto relevante con una operación real?
• ¿Se conservan contratos, pedidos, albaranes, facturas y pagos?
• ¿Se verifica a proveedores en operaciones importantes o atípicas?
• ¿El inventario o la prestación efectiva coincide con lo facturado?
• ¿Las incidencias se corrigen durante el ejercicio o se acumulan al cierre?
• ¿Existe coherencia entre impuestos, libros y cuentas anuales?
• ¿La documentación de varios ejercicios podría entregarse ordenada sin reconstruirla durante semanas?

Una respuesta negativa no prueba una infracción. Varias respuestas negativas revelan una debilidad de control y aumentan el coste de responder a una comprobación.

Qué puede hacer una asesoría antes de que exista el conflicto

El valor de la gestión recurrente no se limita a presentar modelos. Una coordinación fiscal y contable adecuada ayuda a:

• mantener la contabilidad actualizada;
• conciliar bancos, cobros, pagos y asientos;
• comprobar que las facturas responden a operaciones identificables;
• detectar movimientos que necesitan mayor soporte;
• ordenar la documentación en un archivo accesible;
• revisar la coherencia entre contabilidad, impuestos y cuentas anuales;
• advertir riesgos en un lenguaje comprensible;
• identificar cuándo hace falta intervención jurídica o pericial especializada.

XESTUI no presta defensa penal. Su trabajo de asesoría fiscal, contable, laboral y mercantil es preventivo y de gestión: ayuda a que las cifras tengan origen, explicación y respaldo documental. Ante una inspección con posible alcance sancionador o penal, la empresa debe contar además con profesionales especializados en el procedimiento correspondiente.

XESTUI atiende presencialmente desde Tui y presta gestión online a empresas y autónomos de toda España. La documentación y las reuniones pueden tramitarse telemáticamente para mantener el seguimiento sin desplazamientos innecesarios.

Preguntas frecuentes

¿Una inspección de Hacienda implica que existe delito fiscal?

No. Puede terminar con una regularización, intereses y, en su caso, sanciones administrativas. El ámbito penal exige todos los requisitos del delito contra la Hacienda Pública.

¿Una diferencia superior a 120.000 euros supone automáticamente delito?

No. La cuantía es un requisito del tipo básico, pero no sustituye la prueba de la defraudación ni de los restantes elementos. Además, debe determinarse qué cuota corresponde a cada tributo y periodo.

¿Puede discutirse el informe de un inspector de Hacienda?

Sí. Puede examinarse y contrastarse mediante documentación y conocimiento experto. En el proceso penal corresponde al tribunal valorarlo, con respeto al derecho de defensa y a la igualdad de armas.

¿El Supremo absolvió a los acusados de este caso?

No. Declaró nula la sentencia y ordenó retrotraer las actuaciones para repetir el enjuiciamiento desde el momento de la infracción procesal, ante magistrados diferentes.

¿Una factura contabilizada demuestra por sí sola un gasto?

No necesariamente. Debe acreditarse la realidad de la operación y el cumplimiento de los requisitos contables y fiscales. Los contratos, pedidos, entregas, comunicaciones y pagos pueden ser esenciales.

Ordena la información antes de que tengas que defenderla

Este caso muestra la importancia de poder contradecir técnicamente una prueba de Hacienda y también el coste de llegar al conflicto sin una trazabilidad sólida. La estrategia empresarial útil consiste en construir cada mes una contabilidad capaz de responder preguntas difíciles.

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